Resolución 2091 de 2026: nuevas reglas para investigar incidentes y accidentes mayores en instalaciones clasificadas
- César Forigua - CEO QLS Consultoría
- hace 23 horas
- 12 min de lectura
Colombia fortalece la investigación de accidentes mayores
El Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 2091 del 14 de julio de 2026, mediante la cual reglamentó el procedimiento para investigar incidentes y accidentes mayores en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores —PPAM—.
La nueva disposición establece obligaciones, responsabilidades, criterios metodológicos, requisitos para conformar el Resolución 2091 de 2026; instalaciones clasificadas, PPAM, accidentes mayores, equipo investigador, contenido mínimo de los informes y plazos para remitir las investigaciones al Ministerio del Trabajo. Su finalidad principal es identificar las causas de los eventos, adoptar medidas correctivas y preventivas y evitar que se presenten situaciones similares.
Sin embargo, antes de analizar sus exigencias es necesario responder una pregunta fundamental: ¿Qué organizaciones están realmente obligadas a aplicar esta resolución?
¿Qué es una instalación clasificada?
La Resolución 2091 de 2026 no se aplica de manera general a todas las empresas que utilizan sustancias químicas ni a todos los empleadores cubiertos por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Su aplicación se concentra en los establecimientos e instalaciones que hayan sido identificados como instalaciones clasificadas dentro del Programa de Prevención de Accidentes Mayores.
De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 1347 de 2021, una instalación clasificada es aquella en la que existen sustancias químicas en cantidades que:
Igualan o superan al menos uno de los umbrales definidos en el Anexo 3, denominado “Listado de Sustancias Químicas Asociadas a Accidentes Mayores”.
Producen un resultado igual o superior a uno al aplicar la denominada regla de la suma.
La regla de la suma permite identificar instalaciones que manejan varias sustancias peligrosas por debajo de sus umbrales individuales, pero cuya presencia conjunta representa un potencial de accidente mayor. (Suin Juriscol)
Por tanto, una empresa no se convierte automáticamente en instalación clasificada por pertenecer al sector químico, industrial, minero, energético, logístico o manufacturero. La clasificación depende de las sustancias presentes, su clasificación de peligro y las cantidades manejadas en cada instalación.
La clasificación se realiza por instalación, no solamente por empresa
Para efectos del PPAM, una instalación es una unidad técnica, ubicada a nivel del suelo o bajo tierra, en la que se producen, utilizan, manipulan o almacenan sustancias peligrosas. Comprende los equipos, tuberías, estructuras, maquinaria, depósitos, zonas de carga y descarga y demás elementos necesarios para su funcionamiento.
Esto significa que una empresa con varias plantas, bodegas, terminales o centros de operación debe efectuar el análisis para cada instalación. Es posible que una de sus plantas resulte clasificada y otra no, debido a diferencias en las sustancias, capacidades de almacenamiento o características de sus procesos. (Suin Juriscol)
¿Cómo se determina si una instalación es clasificada?
El responsable de la instalación debe realizar un ejercicio de autoclasificación basado en información técnica y documental verificable.
En primer lugar, debe elaborar un inventario completo de las sustancias químicas presentes, identificando, como mínimo:
Nombre de la sustancia.
Número CAS.
Clasificación de peligros conforme al Sistema Globalmente Armonizado —SGA—.
Cantidad almacenada o manejada.
Capacidad instalada.
Máximo histórico registrado.
Sustancias que podrían generarse como consecuencia de una pérdida de control del proceso.
La cantidad que debe emplearse en la evaluación corresponde a la capacidad instalada de almacenamiento o al máximo histórico registrado, utilizando el valor que resulte mayor. También deben considerarse las sustancias que razonablemente puedan generarse durante una reacción no controlada, una desviación del proceso o una pérdida de contención. (Suin Juriscol)
Posteriormente, cada sustancia debe buscarse primero en la parte 2 del Anexo 3, que contiene sustancias específicas identificadas por su nombre y número CAS. Cuando la sustancia no aparezca expresamente en dicha parte, debe analizarse conforme a las categorías de peligro del SGA incluidas en la parte 1 del Anexo.
Finalmente, se compara la cantidad presente con el umbral aplicable. Cuando existen varias sustancias por debajo de sus respectivos umbrales, debe aplicarse la regla de la suma. (Suin Juriscol)
Si el resultado confirma que la instalación es clasificada, su responsable debe registrarla ante el Ministerio del Trabajo conforme a los mecanismos establecidos para el PPAM. La autoridad laboral puede verificar la autoclasificación mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control. (Suin Juriscol)
¿A quién aplica la Resolución 2091 de 2026?
La resolución aplica a todos los establecimientos e instalaciones clasificados de acuerdo con el Capítulo 12 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 1347 de 2021, así como con la Resolución 4979 de 2024 y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
En consecuencia, la primera acción de una organización que maneja sustancias peligrosas no debería ser asumir que la Resolución 2091 le aplica o no le aplica. Debe revisar y documentar técnicamente su autoclasificación.
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La investigación debe integrarse al SGSPAM
Las instalaciones clasificadas deben contar con un Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores —SGSPAM—, articulado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La metodología para investigar incidentes y accidentes mayores debe formar parte de ese sistema y producir resultados coherentes, verificables y trazables.
La Resolución 2091 establece que la metodología debe ser:
Obligaciones del responsable de la instalación
El responsable del establecimiento o instalación clasificada debe adoptar un marco metodológico para investigar los incidentes de Nivel 1, los incidentes de Nivel 2 y los accidentes mayores.
Entre sus principales obligaciones se encuentran determinar las metodologías de investigación aplicables, investigar y gestionar todos los eventos comprendidos en la resolución, conformar el equipo investigador, producir y conservar información documentada y suministrar los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios.
También debe implementar las medidas resultantes de la investigación, asignar responsables y plazos, realizar seguimiento, verificar la eficacia de las acciones, cerrar las actividades y documentar las lecciones aprendidas.
En caso de accidente mayor, deberá remitir el informe al Ministerio del Trabajo. Cuando exista afectación a trabajadores, los resultados correspondientes también deben remitirse a la Administradora de Riesgos Laborales —ARL—.
Preservación del área y de las evidencias
La investigación comienza desde el momento en que se presenta el evento. Por esta razón, la instalación debe implementar controles para asegurar el área afectada y preservar las evidencias.
El acceso, manipulación o modificación del lugar debe controlarse hasta que se realice la evaluación técnica y se verifique que existen condiciones seguras para reanudar las actividades.
Esta obligación resulta esencial porque una intervención no controlada puede eliminar información relacionada con fallas de equipos, condiciones operacionales, posiciones de válvulas, alarmas, barreras de seguridad, instrumentos, sustancias liberadas o decisiones tomadas antes y durante el evento.
¿Qué papel cumplen las ARL?
Las Administradoras de Riesgos Laborales deben brindar asesoría, capacitación y asistencia técnica a sus empresas afiliadas en materia de investigación de incidentes y accidentes mayores.
La ARL puede apoyar el diseño de metodologías, participar técnicamente en las investigaciones cuando sea requerida, emitir recomendaciones sobre los informes y realizar seguimiento a las medidas de intervención cuando exista afectación a trabajadores afiliados.
Este acompañamiento no sustituye la responsabilidad del establecimiento. La obligación de investigar, documentar, ejecutar las acciones y remitir los informes continúa a cargo del responsable de la instalación clasificada.
¿Cómo debe conformarse el equipo investigador?
La investigación debe ser desarrollada por un equipo multidisciplinario que cuente con independencia, competencia y conocimiento de la instalación.
Como mínimo debe participar una persona competente que lidere la investigación; uno o varios especialistas en áreas como ingeniería, diseño, operaciones, mantenimiento o seguridad de procesos; un representante del COPASST o el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando exista afectación a trabajadores; y un representante del SGSPAM.
Cuando la naturaleza o complejidad del evento lo requiera, el equipo podrá contar con expertos internos o externos.
El informe deberá identificar el lugar, las fechas y horas de la investigación, así como los nombres, cargos, números de identificación y firmas de sus integrantes.
Contenido mínimo del informe de accidente mayor
El informe remitido al Ministerio del Trabajo deberá contener, como mínimo, la descripción general de la instalación, la ubicación georreferenciada, la descripción del accidente, las consecuencias reales, la línea de tiempo, la representación del evento, los factores críticos, las causas inmediatas y raíz, el plan de acción y las lecciones aprendidas.
Los incidentes de Nivel 1 y Nivel 2 que no sean tipificados como accidentes mayores también deberán investigarse con enfoque de seguridad de procesos. Aunque su tratamiento pueda diferir del informe de accidente mayor, la instalación debe documentarlos y mantener sus registros disponibles para la autoridad laboral.
Reconstrucción técnica del evento
La descripción debe presentar un relato completo y sustentado de lo ocurrido. Debe indicar cuándo sucedió, quiénes participaron, qué actividad se desarrollaba, por qué se realizaba, cómo se produjo el evento y qué sustancias químicas estuvieron involucradas, incluyendo sus cantidades.
La información podrá obtenerse mediante inspecciones, entrevistas, fotografías, videos, diagramas, documentos, registros operacionales, pruebas técnicas y ensayos sobre sistemas, elementos o componentes.
También deben evaluarse las consecuencias reales sobre las personas, el ambiente, los bienes, los servicios públicos, la infraestructura y los posibles daños transfronterizos.
Línea de tiempo y representación del evento
La investigación deberá incluir una línea de tiempo gráfica que permita visualizar cronológicamente los hechos previos, inmediatos, simultáneos y posteriores al accidente. Adicionalmente, debe elaborarse una representación del evento relacionada con esa secuencia temporal. Esta representación debe mostrar los antecedentes, las causas, las consecuencias y las barreras que fallaron o resultaron insuficientes.
La línea de tiempo no debería limitarse al momento de la liberación, incendio, explosión o pérdida de control. También debe incorporar decisiones, cambios, alarmas, intervenciones de mantenimiento, desviaciones operacionales y respuestas posteriores que resulten relevantes.
Factores críticos, causas inmediatas y causas raíz
La resolución define como factor crítico aquella acción, decisión, omisión o condición que, de haberse evitado, modificado o controlado, habría prevenido el accidente o reducido significativamente sus consecuencias.
Para su identificación pueden emplearse herramientas como el árbol de causas, el análisis de barreras, el análisis de corbatín, la técnica de los cinco porqués o el diagrama de Ishikawa.
La investigación debe diferenciar claramente las causas inmediatas de las causas raíz. Las causas inmediatas explican cómo se materializó la pérdida de control. Las causas raíz corresponden a condiciones organizacionales, técnicas o humanas que permitieron la existencia de las causas inmediatas, incluyendo fallas en la gestión, el diseño, el mantenimiento, la cultura de seguridad o la toma de decisiones.
Por esta razón, atribuir un accidente exclusivamente a un error humano, un acto inseguro o el incumplimiento de un procedimiento normalmente será insuficiente. La organización deberá analizar qué condiciones del sistema permitieron, facilitaron o no detectaron oportunamente ese comportamiento o desviación.
Requisitos del plan de acción
El plan de acción debe estar directamente relacionado con los factores críticos y las causas identificadas. Cada medida deberá contar con un responsable y un plazo definido.
Las acciones deben considerar intervenciones sobre la fuente del peligro, el ambiente de trabajo y las personas. Esto puede implicar eliminación o sustitución del peligro, modificaciones de procesos, rediseño de equipos, fortalecimiento de barreras, cambios en mantenimiento, actualización de procedimientos, capacitación o mejora de la preparación ante emergencias.
La instalación deberá conservar evidencias de ejecución, efectuar el cierre de las acciones, verificar su eficacia y realizar ajustes cuando las medidas adoptadas no produzcan el resultado esperado.
Gestión de las lecciones aprendidas
El informe debe incluir las lecciones aprendidas derivadas del accidente. Estas deben presentar el contexto del evento, las causas y factores contribuyentes, las medidas que fallaron o no existían, las acciones requeridas y las áreas o procesos donde el aprendizaje debe aplicarse.
Las lecciones aprendidas deben redactarse de forma clara, práctica y orientada a la acción. Además, deben incorporarse a los mecanismos de comunicación interna y, cuando corresponda, externa, respetando la confidencialidad, la protección de datos personales, los secretos empresariales y la seguridad de infraestructura crítica.
Plazo para remitir el informe
El responsable de la instalación deberá remitir al Ministerio del Trabajo el informe de investigación de accidente mayor dentro de los ciento veinte días calendario siguientes a la fecha del reporte del evento.
Podrá solicitarse una prórroga de hasta noventa días calendario, siempre que exista una justificación técnica. La solicitud debe presentarse al menos treinta días calendario antes del vencimiento del plazo inicial.
La remisión se realizará mediante la herramienta tecnológica que disponga el Ministerio del Trabajo. Mientras esta no se encuentre habilitada, el informe deberá enviarse a la Dirección de Riesgos Laborales.
Inspección, vigilancia y sanciones
El Ministerio del Trabajo ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de la resolución y podrá solicitar el acompañamiento de otras entidades competentes.
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el PPAM podrá dar lugar a las sanciones previstas dentro del Sistema General de Riesgos Laborales y las demás disposiciones aplicables.
La Resolución 2091 de 2026 rige a partir de su publicación. Una vez entre en funcionamiento la herramienta tecnológica, las instalaciones clasificadas dispondrán de seis meses para cargar los informes pendientes que deban remitirse al Ministerio.
¿Qué deben hacer ahora las organizaciones?
Las empresas que producen, utilizan, manipulan o almacenan sustancias químicas peligrosas deberían comenzar por verificar si cuentan con una autoclasificación actualizada y técnicamente sustentada para cada instalación.
Cuando el resultado sea positivo, será necesario revisar que la instalación disponga de una metodología integrada al SGSPAM, un equipo investigador competente, procedimientos para preservar evidencias, criterios para analizar causas, formatos de informe, mecanismos de seguimiento y métodos para verificar la eficacia de las acciones.
También debe evaluarse la articulación de la investigación con la gestión del cambio, el mantenimiento, la integridad mecánica, los controles operacionales, el plan de emergencias, la formación del personal y el SG-SST.
Conclusión
La Resolución 2091 de 2026 eleva el nivel técnico exigido para la investigación de incidentes y accidentes mayores en Colombia.
Su aplicación no depende simplemente del sector económico o del uso de sustancias químicas. El punto de partida es establecer si cada instalación alcanza los umbrales del Anexo 3 del Decreto 1072 de 2015 o cumple la regla de la suma.
Para las instalaciones clasificadas, la investigación deberá superar el enfoque tradicional centrado en actos inseguros y condiciones visibles. Será necesario reconstruir técnicamente el evento, preservar evidencias, identificar causas raíz, evaluar las barreras que fallaron y adoptar medidas que reduzcan de manera verificable la posibilidad de repetición.
QLS Consultoría puede apoyar a las organizaciones en la autoclasificación de sus instalaciones, la revisión del inventario de sustancias químicas, la estructuración del SGSPAM y el diseño de metodologías para investigar incidentes y accidentes mayores.
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Referencias y fuentes normativas
Ministerio del Trabajo. Resolución 2091 de 2026, del 14 de julio de 2026. “Por la cual se reglamenta el procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes mayores en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores —PPAM—”. Esta es la fuente principal del artículo y establece el campo de aplicación, las obligaciones, la metodología de investigación, la conformación del equipo investigador, el contenido del informe, los planes de acción, las lecciones aprendidas y los plazos de remisión.
Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Debe consultarse especialmente el Capítulo 12 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2, correspondiente al Programa de Prevención de Accidentes Mayores —PPAM—.
Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1347 de 2021, del 26 de octubre de 2021. Adicionó al Decreto 1072 de 2015 el Programa de Prevención de Accidentes Mayores y el Anexo 3, denominado “Listado de Sustancias Químicas Asociadas a Accidentes Mayores”. Este decreto define que una instalación es clasificada cuando las cantidades de sustancias químicas igualan o superan los umbrales del Anexo 3 o cuando el resultado de la regla de la suma es igual o superior a uno. También establece las exclusiones, el registro, el SGSPAM y las obligaciones generales de los responsables. (Suin Juriscol)
Ministerio del Trabajo. Resolución 4979 de 2024. Reglamenta aspectos relacionados con el registro de las instalaciones clasificadas y constituye una referencia para determinar el campo de aplicación de la Resolución 2091 de 2026. La nueva resolución señala expresamente que sus disposiciones se aplican a las instalaciones clasificadas conforme al Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1347 de 2021 y la Resolución 4979 de 2024.
Ministerio del Trabajo. Resolución 5492 de 2024. Establece disposiciones relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores —SGSPAM—. La metodología de investigación debe estar integrada a este sistema y generar resultados coherentes, verificables y trazables.
Ministerio del Trabajo. Resolución 1890 de 2025. Establece criterios para la clasificación, reporte y valoración de incidentes y accidentes mayores. La Resolución 2091 remite a esta norma para determinar las consecuencias reales del evento sobre personas, ambiente, bienes, servicios públicos, infraestructura y posibles daños transfronterizos.
Ministerio del Trabajo. Resolución 3687 de 2025. Hace parte del conjunto de disposiciones reglamentarias del PPAM mencionadas dentro de las obligaciones aplicables a los responsables de las instalaciones clasificadas.
Congreso de Colombia. Ley 320 de 1996. Aprueba el Convenio 174 y la Recomendación 181 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prevención de accidentes industriales mayores. Constituye uno de los fundamentos legales del PPAM y de la regulación colombiana sobre instalaciones que manejan sustancias químicas peligrosas.
Organización Internacional del Trabajo. Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993. Establece principios internacionales para prevenir accidentes mayores, reducir sus consecuencias y proteger a trabajadores, población y ambiente.
Ministerio del Trabajo. Resolución 0312 de 2019. Define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su artículo 33 contiene disposiciones relacionadas con la prevención de accidentes en industrias mayores y la gestión de sustancias químicas peligrosas.
Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1496 de 2018. Adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos —SGA— en Colombia. La clasificación SGA es necesaria para identificar las categorías de peligro y aplicar los umbrales del Anexo 3 cuando una sustancia no aparece individualmente identificada por nombre y número CAS.
Consejo Nacional de Política Económica y Social. Documento CONPES 3868 de 2016. Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas. Este documento identificó la necesidad de implementar en Colombia el Programa de Prevención de Accidentes Mayores.
Congreso de Colombia. Ley 1523 de 2012. Adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sirve de fundamento para articular la prevención de accidentes mayores con la preparación y respuesta ante emergencias.
Presidencia de la República de Colombia. Decreto 2157 de 2017. Reglamenta la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas y se relaciona con la incorporación de escenarios de accidentes mayores en los planes de emergencia y contingencia.
El contenido del artículo tiene carácter informativo y no sustituye la revisión integral de la normativa vigente ni la evaluación técnica de cada instalación. La determinación de si una instalación es clasificada debe realizarse con base en el inventario de sustancias químicas, su clasificación conforme al SGA, las cantidades presentes, la capacidad instalada, los máximos históricos y la aplicación de los umbrales y de la regla de la suma contenidos en el Anexo 3 del Decreto 1072 de 2015, adicionado por el Decreto 1347 de 2021. (Suin Juriscol)
